Normatividad

El presente informe muestra de manera concreta el estado actual de medición de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos - IGED de las víctimas del conflicto armado localizadas en Bogotá. Estos indicadores se adoptan de acuerdo con la metodología definida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), mediante el Informe Anual del Gobierno Nacional publicado en agosto de 2018.

En virtud de las facultades otorgadas al Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado en el Acuerdo 491 de 2012 promulgado por el Concejo de Bogotá D.C. y el Decreto 531 de 2015 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación presenta, al Concejo de Bogotá y a la ciudadanía, el informe de gestión, seguimiento e implementación de las acciones, proyectos y programas de la Política Pública de Víctimas en el Distrito en la vigencia 2019.

La actualización del Plan de Acción Distrital responde a los lineamientos de la Estrategia de Corresponsabilidad que, en el Decreto 2460 de 2015, define el ajuste anual de los Planes de Acción a partir de la asignación de presupuesto y la identificación de necesidades de la población víctima del conflicto armado.

El planteamiento propuesto por este Plan de Acción Distrital se estructura respondiendo a una lógica diferente a la que se tuvo en las actualizaciones anteriores, toda vez que esta herramienta de política pública tendrá vigencia hasta el primer semestre de 2020. En este sentido, además de integrar las metas incluidas por cada una de las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SDARIV para el primer semestre de 2020, este documento se consolidó buscando generar recomendaciones de política pública a ser tenidas en cuenta por la administración entrante de cara a la formulación del Plan Distrital de Desarrollo y del Plan de Acción Distrital Plurianual.

Para esta administración, hacer de Bogotá una ciudad mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación fue una de las prioridades que quedaron consignadas en los compromisos asumidos en el Plan Distrital de Desarrollo. Es así como uno de los principales retos fue aterrizar la política pública de víctima a un modelo que respondiera a las dinámicas de la Ciudad Capital y que orientara al Distrito en esta materia.

En este sentido, se planteó un modelo de intervención que se construyó desde los fundamentos normativos de la política, entendiendo las dinámicas de ciudad, la capacidad de respuesta de las entidades del Distrito frente a la situación de las víctimas que residen en Bogotá y la importancia de la corresponsabilidad y las competencias asociadas a los distintos niveles de gobierno en lo que frente a este tema se establece desde la norma y la jurisprudencia. Este modelo se construyó con una lógica temporal y clasificó las distintas intervenciones no de manera sectorial sino en respuesta a las diferentes etapas de la política pública. El modelo, no es otra cosa que un horizonte a partir del cuál es posible comprender la correlación entre los distintos componentes de la política pública, permitiendo articular las intervenciones que se realizan en la ciudad a favor de las víctimas del conflicto armado. Esta articulación es posible desde la coordinación que la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación realiza con las entidades que integran el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

El Artículo 47 de la Ley 1448 de 2011 establece que “las víctimas recibirán ayuda humanitaria de acuerdo con las necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante” y que dicha ayuda tendrá el objetivo principal de mitigar el impacto de la ocurrencia de dichos hechos, es decir de evitar el sufrimiento humano.

Tal y como se establece en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, en el Distrito Capital se pueden apreciar “altos contrastes en cuanto a la caracterización étnica, socio cultural, económica y religiosa” y esta diversidad es el resultado de la recepción de personas de diferentes lugares del país por diferentes motivos. Uno de estos es el conflicto armado interno, lo que, entre otras cosas, ha ubicado a la ciudad como el segundo ente territorial con mayor cantidad de declaraciones realizadas por víctimas de acuerdo con el Registro Único de Víctimas – RUV.

En este sentido, es importante no solo entender que es necesario entregar ayuda y atención humanitaria a las víctimas que llegan a la ciudad, sino planear la forma en que se prestará dicha ayuda y/o atención y establecer unos protocolos que, si bien no pretenden generalizar la atención teniendo en cuenta que cada caso tiene particularidades, sí busca dar una guía a quienes tienen la responsabilidad de atender diariamente a las víctimas, para que la asistencia y atención que se entregue sea articulada e integral desde el Distrito.

Por lo anterior el Plan de Contingencia para la Atención y ayuda humanitaria inmediata a Víctimas del Conflicto Armado, tiene el objetivo principal de planificar y coordinar la intervención articulada de las instituciones que hacen parte del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado – SDARIV.

El Plan de Acción Distrital es la hoja de ruta para la implementación de la política pública de víctimas en el Distrito Capital. El presente documento corresponde a la actualización para la vigencia 2019 del Plan de Acción Distrital 2016 – 2020, formulado en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Mejor para Todos’. La actualización de dicho documento responde a los lineamientos de la Estrategia de Corresponsabilidad que en el Decreto 2460 de 2015 define el ajuste anual de los Planes de Acción a partir de la asignación de presupuesto a las entidades territoriales y la identificación de necesidades de la población víctima del conflicto armado.

La Ley 1448 de 2011, en su artículo 142, define el 9 de abril de cada año, como el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, fecha en la que el Estado conmemora y reconoce los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas. A partir de esta disposición, el Honorable Concejo de Bogotá D.C., por medio de Acuerdo 491 de 20121 (artículo 8), prevé la realización de una sesión para que “la Administración presente el informe de avance de la política” y para “escuchar a las víctimas del conflicto establecidas en la ciudad”. Sumado a lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 531 de 20152 promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., el Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado tiene como una de sus principales funciones presentar anualmente un informe de gestión, seguimiento e implementación de las acciones, proyectos y programas de la política pública de víctimas en el Distrito. Por consiguiente, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación presenta ante el Honorable Concejo de la ciudad el presente informe, para la vigencia 2018, en el que se realiza un balance de la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Bogotá.

El presente informe muestra de manera concreta el estado actual de medición de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos - IGED de las víctimas del conflicto armado localizadas en Bogotá. Estos indicadores se adoptan de acuerdo a lo definido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, mediante el Informe Anual del Gobierno Nacional publicado en agosto del año anterior

En vísperas del primer 9 de abril después de la firma de Acuerdo de Paz en el Teatro Colón de nuestra ciudad, hacemos este ejercicio de balance de la implementación de la política de asistencia, atención y contribución a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el Distrito Capital. Encontramos que son muchos los logros alcanzados en este primer año de gobierno de “Bogotá Mejor para Todos”, pero aún hay mucho por hacer: las condiciones de la población víctima en el país y en nuestra ciudad siguen siendo precarias. En este documento se mencionan algunos de estos  avances, el camino a seguir y los retos más complejos que debemos enfrentar para dar un salto cualitativo en el logro del goce efectivo de derechos de la población víctima del conflicto armado residente en la ciudad. Hemos logrado importantes avances en cuanto a garantizar la incidencia de la población en la implementación de la política pública de asistencia, atención y reparación a la población víctima del conflicto armado. Se han generado nuevos espacios en la instancia más importante, donde se define la política pública: el Comité Distrital de Justicia Transicional (CDJT). Para este espacio se incorporó la participación de nuevos delegados por  enfoque diferencial a los Subcomités de Justicia Transicional, en los cuales la población dialoga con las instituciones para darle nuevas formas de acción a la implementación de la política. Asimismo, y de manera consecuente con la política de mujer del Distrito, y teniendo en cuenta sus luchas y su importante trabajo en los diferentes escenarios se creó un nuevo espacio en el CDJT para garantizar que su voz esté siempre presente a través de la Mesa Autónoma de Mujeres. Asimismo, venimos trabajando en el fortalecimiento del modelo de participación en el Distrito de la mano con el Ministerio del Interior y nuestros pares en las otras ciudades capitales para reconfigurar aspectos de la participación de las víctimas. Encontramos similitudes en los retos que enfrentamos y aspectos a mejorar de la mano de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Según lo definido por el Acuerdo 491 de 2012, emitido por el Concejo de Bogotá D.C., y el Decreto 531 de 2015, promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado tiene como una de sus principales funciones presentar anualmente un informe de gestión, seguimiento e implementación de las acciones, proyectos y programas de la política pública de víctimas en el Distrito. De igual forma, en el marco reglamentario referido se dispone que “en concordancia con lo establecido en el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011, el Concejo de Bogotá celebrará una sesión plenaria el 9 de abril de cada año, para que la Administración presente el informe de avance de la política y escuchar a las víctimas del conflicto establecidas en la ciudad” (Acuerdo 491 de 2012, Artículo 4). En cumplimiento de lo expuesto, se presenta ante el honorable Concejo de la ciudad el presente informe sobre el desarrollo de la política pública de víctimas del conflicto armado residentes en la ciudad para la vigencia 2017. Tanto el SDARIV como la ACDVPR han venido evolucionando en el cumplimiento de los requerimientos y exigencias normativas establecidos en la Ley 1448 de 2011, en los decretos reglamentarios y la jurisprudencia existente en la materia. Para tal fin y bajo el entendido que Bogotá es la ciudad que presenta el mayor número de población desplazada en el país y la segunda con mayor número de víctimas de conflicto armado, se ha venido trabajando y articulando la oferta Distrital de manera tal que se pueda dar respuesta a las necesidades de la población víctima, la cual, por concepto de la Corte Constitucional es sujeto de especial protección y requiere una oferta especial con un presupuesto destinado específicamente al cumplimiento de lo estipulado por la política. Desde el año 2017 Bogotá viene trabajando en un modelo de intervención que se construye desde los fundamentos normativos de la política, que además entiende las dinámicas de ciudad, la capacidad de respuesta de las entidades del Distrito frente a la situación de las víctimas que residen en Bogotá y la importancia de la corresponsabilidad y las competencias por nivel de gobierno en lo que frente a este tema se establece desde la norma y la jurisprudencia. Este modelo se levanta con una lógica temporal y clasifica las distintas intervenciones no de manera sectorial sino en respuesta a las diferentes etapas de la política pública."Por medio del cual se modifica el acuerdo 370 de 2009, se crea el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Bogotá D.C., se adicionan lineamientos a la política pública y se dictan otras disposiciones".“Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 del Acuerdo 491 de 2012, en lo que corresponde a la creación y funcionamiento del Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado”.